Los ruralistas brasileños vuelven a la carga contra las tierras indígenas en el Congreso
Tras la derrota en el Supremo, los partidos que representan a terratenientes y ganaderos buscan imponer en el Legislativo el criterio del «marco temporal».
Los ruralistas brasileños no se dan por vencidos en su cruzada por amasar nuevas tierras con las que expandir el poderoso sector agropecuario, en detrimento de los indígenas.
La semana pasada, el Supremo les infligió una histórica derrota, cuando nueve de sus once jueces juzgaron inválido el criterio del «marco temporal», según el cual solo pueden ser demarcadas las tierras cuyos habitantes demuestren que estaban ahí antes del 5 de octubre de 1988, día en que se promulgó la Constitución.
La decisión de la máxima corte, tras un juicio que duró dos años, tiene lo que en Brasil llaman «repercusión general» y evita, en principio, que los indígenas asentados en cientos de tierras en proceso de demarcación puedan ser expulsados.
Este miércoles, los jueces deben decidir qué criterios aplicarán para la demarcación de tierras con el objetivo de garantizar la seguridad jurídica. Pero el partido no ha terminado.
La lucha sigue
Poco después de que los jueces formaran mayoría, la senadora Tereza Cristina, exministra de Agricultura del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, dijo que la derogación del «marco temporal» conllevará «una gran inseguridad jurídica» y «pone en riesgo la paz en el campo».
En esa misma línea, advirtió que seguirán legislando en el derechizado Congreso «sobre el tema».
De hecho, en paralelo al prolongado juicio en el STF, los ruralistas, uno de los principales responsables de la llegada del bolsonarismo al poder, promovieron un proyecto para convertir en ley el «marco temporal», previendo una derrota en el ámbito judicial.
Por ahora, fue aprobado en la Cámara de Diputados, y avanza en el Senado.
Este miércoles, los senadores empezaron a debatir antes de votar el texto en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ), donde los ruralistas tienen una amplia mayoría, y después debe pasar por el plenario para su aprobación definitiva.
Algo que no es para nada descartable, pese a que el Partido de los Trabajadores (PT), del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, y sus aliados, mucho más volcados en la defensa del medio ambiente, intentarán evitarlo.
Los ruralistas también promueven una propuesta de enmienda a la constitución (PEC) para fijar el «marco temporal».
Las PEC requieren ser aprobadas por tres quintas partes de diputados y senadores, pero los proyectos de ley, aunque solo necesitan de una mayoría para ser aprobados, necesitan además la sanción presidencial.
Choque de poderes
Pocos dudan en Brasil de que el Congreso pueda concretar alguna de las iniciativas en curso, lo cual abriría un escenario de choque de poderes y un debate sobre cuál de los dos debe prevalecer.
«El Parlamento puede legislar sobre el tema y nada nos impide avanzar y devolver la seguridad jurídica a Brasil.
Esta decisión [la derogación del marco temporal] causa mucha preocupación y malestar. Nos corresponde a nosotros, el Parlamento, devolver la seguridad al ámbito productivo», declaró Marcos Rogério, relator del proyecto de ley.
El senador Magno Malta, uno de los aliados de Bolsonaro, aseguró que le «da miedo» el «poder total» que tienen 11 jueces en Brasil, «no elegidos por el voto directo» sobre cientos de parlamentarios, «representantes directos del pueblo».
Los expertos aseguran que en caso de que el Congreso diera su aprobación definitiva al proyecto de ley, el asunto quedaría en manos del STF, donde la ley sería impugnada y terminaría muy probablemente siendo declarada inconstitucional.
