Medidas legales buscan proteger derechos de víctimas
La Procuraduría General de la República (PGR) ha intervenido para bloquear la transferencia de bienes del empresario Antonio Espaillat López, propietario de la discoteca Jet Set, donde ocurrió un desplome que dejó 232 muertos y más de 180 heridos. El Ministerio Público sospecha que Espaillat estaría intentando enajenar activos para evitar resarcir a las víctimas.
Bajo la dirección de Wilson Camacho, la Dirección de Persecución ha implementado medidas cautelares sobre empresas como Inversiones E y L SRL y Jet Set Club, bloqueando cualquier transacción patrimonial o accionaria. Las acciones se realizan bajo la Ley 155-17, aunque no implica una investigación por lavado de activos.
Además, se analizan documentos corporativos, licencias y condiciones estructurales del local para determinar responsabilidades. La PGR enfatiza su compromiso con los derechos de las víctimas según la Ley Orgánica del Ministerio Público.
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