La decisión del Departamento de Justicia (DOJ) de desestimar los cargos de corrupción contra el alcalde de Nueva York, Eric Adams, ha generado preocupación entre residentes, analistas legales y expertos académicos. Muchos interpretan esta medida como un síntoma de que la justicia en Estados Unidos no es independiente ni igual para todos.
El lunes, el DOJ ordenó a los fiscales federales retirar los cargos de corrupción contra Adams, una acción que plantea interrogantes sobre la administración de justicia durante el segundo mandato de Donald Trump y la independencia de los fiscales federales.
Analistas y líderes electos de Nueva York coinciden en que esta decisión podría obligar al gobierno municipal a colaborar más estrechamente con el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) en su agenda de deportaciones masivas. Un memo interno revelado por medios locales instruía a los empleados municipales a permitir el acceso a ICE si se sienten amenazados.
Esther Guerrero, residente dominicana en Manhattan, expresó su preocupación: «Esto crea un precedente peligroso. Cualquiera puede cometer fechorías y, si tiene amigos en el poder, puede cambiar las cosas. Esto genera dudas sobre la justicia y nos recuerda a países corruptos latinoamericanos».
Expertos jurídicos coinciden con los comentarios de los neoyorquinos. María y Carmen Rosas, vecinas de Esther, también expresaron su descontento: «Esto es muy malo. La justicia debe funcionar igual para todos. Ahora, quien tiene poder pensará que puede hacer lo que quiera».
El alcalde Adams agradeció al DOJ por poner fin a lo que llamó «una saga de meses que me hizo pasar a mí, a mi familia y a esta ciudad por un calvario innecesario». Reiteró que todas las demandas eran infundadas y se comprometió a recuperar la confianza de los neoyorquinos.
Sin embargo, no todos están de acuerdo. Roger Casado, un residente puertorriqueño, defendió a Adams, argumentando que es víctima de una «cacería de brujas» por cuestionar la política migratoria de Joe Biden. Javier Farías, un residente colombiano, también criticó a los líderes demócratas por crear una narrativa de «buenos y villanos» en la que Trump es el enemigo.
La Unión de Libertades Civiles de Nueva York criticó la decisión, afirmando que Adams está traicionando a las comunidades al ceder a los designios de inmigración de Trump. La senadora estatal Jessica Ramos acusó a Adams de «vender a los neoyorquinos para comprar su propia libertad».
El caso contra Adams incluía cinco cargos de conspiración para sobornar, fraude y solicitar donaciones ilegales para campañas extranjeras. Se le acusaba de ayudar a acelerar la aprobación de un nuevo consulado turco en Manhattan a cambio de donaciones ilegales y viajes de lujo.
El memorando del DOJ, emitido por Emil Bove, ordenó desestimar los cargos «sin perjuicio», lo que significa que la oficina puede reabrir el caso en el futuro. Bove, un ex abogado defensor de Trump, acusó al ex fiscal federal de Manhattan de haber investigado a Adams por razones políticas, aunque no presentó pruebas.
La decisión ha sido criticada por analistas jurídicos como Jeffrey Toobin, quien la calificó como una situación «extraña» y comparó el Estado de Derecho en Estados Unidos con el de regímenes autoritarios.
