Hace un año la Ley de Sobrevivientes Adultos abrió una ventana para las víctimas de abusos sexuales en prisiones. Muchas de ellas han estado libres desde los años 80.
En este momento el sistema penitenciario de la Gran Manzana que tiene como principal símbolo, Rikers Island, la cárcel más grande de Nueva York, se encuentra rodeada de muchos fantasmas: ¿Será finalmente demolida? ¿Podría pasar en los próximos meses a ser manejada por un monitor del gobierno federal?…
Pero además, otra de las preguntas que gravitan alrededor del recinto carcelario, descrito como un infierno, es si está más cerca una era de un trato más digno la población femenina interna. Y qué tan posible es “algo de justicia” para centenares de exreclusas que denuncian haber sido vejadas y abusadas sexualmente por guardias penitenciarios.
Esta última interrogante toma más fuerza, porque el año pasado, se abrió una ventana legislativa que antes no existía y se cerró el 24 de noviembre. Se trató de la Ley de Sobrevivientes Adultos (ASA), la cual dio oportunidad a las personas que dicen haber sido abusadas sexualmente, una oportunidad única de presentar demandas civiles, mucho después de que haya expirado el plazo de prescripción para la mayoría de los casos penales.
A pocos días de la fecha límite de concretar estas demandas civiles, se han presentado más de 2,400 querellas apoyadas por la Ley ASA en todo el estado de Nueva York, algunas dirigidas a personas de alto perfil, pero la mayoría fueron presentadas contra empleados de cárceles municipales y prisiones estatales, con base a cifras publicadas por The Daily Record.
La ASA, que entró en vigor el 24 de noviembre de 2022, permitió a las personas buscar compensaciones civiles por abuso sexual, que sufrieron después de cumplir 18 años, independientemente del año en que ocurrió el abuso.
En este momento, al menos 400 demandas de este tipo contra el Departamento Correccional de la ciudad de Nueva York (NYCDOC) han sido presentadas, de acuerdo con una aproximación de la publicación digital The City.
Algunos de los casos que avanzan a la espera de una compensación monetaria, se remontan a situaciones vividas por mujeres que estuvieron encarceladas en las décadas de 1980 y 1990.
Muchas de ellas, son ahora adultas mayores, madres, abuelas, bisabuelas, quienes todavía están tratando de seguir adelante con varias cruces muy pesadas: Ser sobreviviente del sistema penal, del abuso sexual y tratando de romper la cruel etiqueta social que significa estar en los registros como una “expresidiaria”.
Al igual que la Ley de Víctimas Infantiles, aprobada en 2019, que amplió los plazos de prescripción para aquellos que sufrieron abusos cuando eran niños, esta legislación con un año de vigencia, permite a las personas presentar denuncias sobre abusos sexuales sufridos en instalaciones estatales, incluidas las prisiones.
Debido a que cada caso es diferente, es imposible estimar cuánto puede recibir cada víctima en compensaciones. Sin embargo, las cantidades van desde cientos de miles hasta millones de dólares.
Un caso emblemático
En el grupo de miles de demandantes que esperan por “reparación”, se encuentra Inette Báez, de 45 años, quien el pasado mes de septiembre presentó una demanda que podría convertirse en un emblema de los abusos sexuales carcelarios, pero también de cómo la ASA, empezará a mostrar las trabas que tienen las supuestas víctimas en denunciar estos delitos y los pocos filtros que supuestamente tienen los centros penales para seleccionar a sus guardias de seguridad.
Como detalla la demanda interpuesta ante la Corte Suprema de El Bronx, Báez estaba en 2004 cumpliendo una sentencia de ocho meses en el Centro de reclusión femenina ‘Rose M. Singer’ de Rikers Island. En ese momento, de forma continua, como destaca el texto de la demanda, un oficial penitenciario la obligó a practicar sexo oral y la violó.
Se precisa que “en 16 ocasiones entre el 1 de mayo de 2004 y el 19 de agosto de 2004, aproximadamente una vez por semana, entre las 3:00 pm y las 11:00 pm”, un oficial correccional obligó a Baéz a tener sexo dentro del congelador de una cocina y en su celda de reclusión.
Adicionalmente el testimonio sostiene que detrás de esa acción de abuso, estaba el chantaje de que cualquier paso de rechazo o de denuncia, podría llevarla a ser castigada en una celda de aislamiento solitario.
“Amenazó con hacer de mi vida un infierno. Él se aseguraba de que no comiera, no recogiera ninguno de mis paquetes, ni hiciera llamadas telefónicas para ponerme en contacto con mi familia. Entonces me asusté”, declaró Báez a The City.
Pruebas, antecedentes, reportes…
Este pleito legal, entre muchos otros en su tipo, que ahora encara la Ciudad de Nueva York, fue presentado por el bufete de abogados Slater Slater Schulman LLP, una firma que se especializa en representar a víctimas de abuso sexual.
“Representamos a un total de 1,800 mujeres en todo el estado de Nueva York que sufrieron abusos sexuales mientras estaban encarceladas”, puntualizó Adam Slater, gerente de esta oficina.
Entre los alegatos, que sustentan la supuesta negligencia oficial en el caso de Báez, se hace referencia a un estudio realizado por la Oficina de Estadísticas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos en 2011, el cual estableció que ese centro de reclusión femenino tenía “una de las tasas más altas entre las cárceles de conducta sexual inapropiada entre el personal y los reclusos, incluidos abuso sexual, coerción, y violación”.
Además, destacan en el encabezado del documento de demanda, que la Ciudad tenía en ese momento claro que el “35% de los oficiales penitenciarios contratados recientemente fueron empleados a pesar de numerosos riesgos de corrupción, incluidos múltiples arrestos y condenas anteriores, asociaciones con miembros de pandillas y relaciones con los reclusos”.
En este sentido, también se precisa de forma textual en la querella judicial, que muchos de los oficiales penitenciarios contratados por NYCDOC “tenían antecedentes de múltiples arrestos, uno de los cuales implicó una declaración de culpabilidad, en un caso de violencia doméstica”. Por lo cual, carecían del “buen carácter” exigido para esa posición. Y, en consecuencia, debieron haber sido rechazados.
El criterio de fondo del inicio de este proceso judicial se pone el dedo acusador a la Ciudad por “no tomar medidas razonables para prevenir o reducir la cultura de impunidad hacia el abuso sexual”.
Asimismo, se critica que no se proporciona a los reclusos un medio funcional para denunciar confidencialmente abusos sexuales por parte del personal penitenciario.
Casos cerrados, ventanas abiertas
Otro de los argumentos que se ventila como respaldo a la acción judicial de Inette Báez, es que la firma consultora Moss Group, especializada en seguridad carcelaria, concluyó en 2015 que el NTYDOC “tenía problemas importantes al abordar las acusaciones de abuso sexual”.
Ese informe que se realizó bajo la Administración de Bill de Blasio, revisó 46 casos de abuso o acoso sexual cerrados por los investigadores carcelarios en 2014, y encontró problemas fundamentales con la minuciosidad de las investigaciones.
“La mayoría de las investigaciones no incluyeron entrevistas con todos los posibles testigos, algunas no incluyeron evidencia en videos y otras no tenían entrevistas con los guardias acusados”.
Portavoces del Departamento de Correcciones de la Ciudad de Nueva York dijeron a El Diario que la Ley de Eliminación de Violaciones en Prisión (PREA) impone una serie de capacitaciones y regulaciones que ha instaurado una política de “cero tolerancia” hacia todas las formas de abuso y acoso sexual.
“No se puede negar que existió una cultura de abusos, una historia de décadas que ya fue totalmente enterrada. Hay algunos casos muy verdaderos, otros no tan verdaderos. Ojalá que la apertura de esta ventana no haya impulsado una cadena de demandas, que no necesariamente estén basadas en la verdad”, reforzó un funcionario con 20 años de servicio, en esa prisión de Queens.
El otro paso: “Déjenlas libres”
Más de 300 organizaciones que defienden los Derechos Humanos e impulsan cambios radicales en la justicia penal de Nueva York, están apostando para que la Asamblea Estatal, el próximo 2024, selle el compromiso de aprobar dos propuestas de ley que cambiarían las normas que rigen la libertad condicional en el estado: Ley de Libertad Condicional para Personas Mayores y Ley de Libertad Condicional Justa y Oportuna.
Estas legislaciones garantizarían que centenares de mujeres vuelvan a sus hogares a tratar de reconstruir sus vidas.
La coalición Campaña por la Libertad Condicional (RAPP) pondera que actualmente hay más de 1,500 personas identificadas como mujeres en las 53 prisiones de Nueva York, de las cuales la gran mayoría son negras y latinas. En este grupo se encuentran también las mujeres transgénero.
Además, casi una de cada cinco mujeres en las prisiones del estado de Nueva York (19%), tiene 50 años de edad o más.
En este momento, casi la mitad, es decir el 46%, de toda la población femenina en prisión, están cumpliendo sentencias que podrían ser elegibles para libertad condicional, tanto por su edad, por los años que han estado tras las rejas y por su buena conducta.
De aprobarse en la legislatura estatal el anteproyecto de Ley de Libertad Condicional para Personas Mayores, se daría a las personas encarceladas que tienen 55 años o más, y que ya han cumplido 15 años en prisión, la oportunidad de presentarse ante una junta de libertad condicional.
A su vez, la Ley de Libertad Condicional Justa y Oportuna, cambiaría los estándares de este beneficio y centraría la liberación en la rehabilitación y los cambios en el comportamiento del reo mientras paga su pena. No solo en el delito original.
Mujeres en prisión en NY:
46% de todas las mujeres encarceladas están cumpliendo sentencias elegibles para libertad condicional, así lo determinó una investigación del Instituto de Justicia Vera.
95% de las mujeres en las prisiones estatales de Nueva York son sobrevivientes de traumas y abusos, que a menudo incluyen violencia sexual y violencia de pareja íntima. 8 de cada 10 mujeres encarceladas son madres.
Por Fernando Martínez
